A cambio, Telefónica quiere elevar el número de empleos afectados y ofrece a cambio prolongar el periodo de ejecución del ERE de los tres años previstos inicialmetne a cinco.

Aún así, la compañía no llegaría con estas cifras a las que manejó a finales de 2010 en contactos con lo sindicatos, cuando se barajaba un recorte de 10.000 empleos, según ha podido saber Público por fuentes cercanas a la negociación.

Telefónica necesita decirle a los mercados que su beneficio puede volver a crecer con fuerza, que merece la pena comprar sus acciones y hacerlas subir de precio, que no se ha convertido en un servicio básico sin más recorrido bursátil que el que pueda darle la inyección de ingresos que supondría la compra de otras compañías algo que, por otro lado, se insiste en que ahora no está previsto.

Y para eso tiene que demostrarles que España, su país de origen, va a dejar de ser un lastre para los resultados. A raíz de la crisis, los clientes españoles de telefonía fija están huyendo mes tras mes de las redes del antiguo monopolio buscando mejores precios. Ese hecho se cruza con una plantilla del megocio fijo de Telefónica en España de 28.000 trabajadores y otros 4.000 del móvil, el doble que sus competidores.

Telefónica presentará mañana al Ministerio de Trabajo la memoria explicativa del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que plantea para su filial en España y que afectará a un máximo de 8.500 trabajadores en un plazo de cinco años, un 24% de su plantilla en el país, explicaron fuentes sindicales.

La cifra supone 2.900 más respecto a los 5.600 despidos anunciados el pasado abril.

La compañía se compromete a cumplir con los principios básicos de "universalidad, voluntariedad y no discriminación" y justifica su decisión por la situación que atraviesa la compañía en el país y la necesidad de ajustar costes sociales. Además, se garantiza que durante ese tiempo no se producirá ningún otro ERE, ni despido masivo de trabajadores.

En cualquier caso, y a petición de los sindicatos mayoritarios, el proceso se extenderá por un periodo de cinco años, al igual que el convenio, en lugar de los tres años anunciados el pasado mes de abril por el presidente de Telefónica España, Guillermo Ansaldo, quien anunció que el recorte podría afectar a un 20% de la plantilla.

De esta forma, una vez la memoria se presente mañana al Ministerio de Trabajo, los sindicatos tendrán un plazo máximo de un mes para negociar con la empresa, aceptar las condiciones del ERE y remitirlo de nuevo a la autoridad laboral para que este decida si el proceso se ajusta a la legalidad.