Se suma así a otros líderes políticos, como Maria Dolores de Cospedal (también del PP), el Ministro de Presidencia (Ramón Jauregui) o Durán i Lleida de CiU, quien dijo que no tenía sentido mantener tantas televisiones autonómicas en castellano por la amplia oferta de cadenas privadas existentes en esta lengua.

Beteta, en el contexto de la conversación sobre el ahorro y eliminación de empresas públicas, preguntado sobre la posible privatización de Telemadrid ha dicho que no depende de ellos, pues hay una ley estatal que lo prohíbe. “Si cambia la ley estatal, sin duda sí. Ha estado tradicionalmente en nuestros programas, pero también tradicionalmente el Gobierno de la Nación se ha negado por las presiones de otras comunidades”.

Sobre el papel que desempeñan estas cadenas ha dicho que “quizá en su día las televisiones autonómicas tenían una razón fundamental, porque el espectro era mucho más pequeño, pero ahora con la TDT y centenares de canales su justificación es inferior”.

En cuanto al gasto que produce Telemadrid ha afirmado que “efectivamente, tiene déficit, no cubre los gastos con sus ingresos”, aunque a su vez dice que “está prestando un servicio de información a los madrileños que desde luego no está al mismo nivel en ninguna otra cadena”.

Preguntado acerca de la posibilidad a corto plazo de la privatización es consciente de que “mientras gobierne Zapatero, no. Pero cuando ya no gobierne, sí, y tengo el convencimiento de que sólo queda un año”.

Además asegura que Rajoy es partidario de autorizar a las comunidades autónomas a esa privatización. “No de obligar, sino de posibilitar que quien lo quiera lo haga, en función de sus prioridades políticas y dentro del control del déficit público”, insiste.

Y es que no hay que olvidar el importante gasto que producen todas las cadenas autonómicas para los gobiernos regionales. Aunque si bien ese gasto se comprende en las comunidades bilingües, donde esa amplia de cadenas apenas emite contenidos en las lenguas co-oficiales del Estado, en las otras también ofrecen un servicio público a los ciudadanos con información más cercana.

Quizá la fórmula más a seguir sea la de Castilla y León o Navarra, donde unos grupos privados se reparten el pastel de las concesiones autonómicas, pero también reciben una importante cantidad de subvenciones para que sean capaces de ofrecer ciertos contenidos de proximidad a los ciudadanos. El problema es que los Gobiernos no tienen el control de esas cadenas, por lo que los espectadores no pueden pedir al Gobierno autonómico ciertos contenidos de calidad.